En un mundo donde la transparencia y la confianza son valores fundamentales para el funcionamiento de las instituciones, resulta imperativo abordar el desafío de las acciones antiéticas y actitudes contrarias a los valores que socavan el desarrollo de procesos en tanto instituciones públicas como privadas. Esta problemática no es exclusiva de una sociedad o contexto particular, sino que trasciende fronteras y afecta la percepción que los usuarios tienen de dichas instituciones, debilitando su confianza y su eficacia, especialmente en el caso de las instituciones públicas.